Defensa del senador Calisto acusa cierre prematuro de investigación fiscal que afecta su derecho a defensa
La arista penal que involucra al senador Miguel Ángel Calisto suma un nuevo capítulo de tensión procesal. Su equipo jurídico calificó de «intempestivo» el cierre de la investigación decretado por la Fiscalía Regional de Aysén, cuando la defensa tomó conocimiento de nuevos antecedentes después de que la Fiscalía ya había comunicado el cierre y presentado la acusación. La crítica apunta a una vulneración del derecho a defensa, en el marco de una acusación por fraude al fisco que podría significar una condena de 12 años de presidio.
CIERRE DE INVESTIGACIÓN ANTICIPADO
El Ministerio Público presentó acusación contra ocho imputados, entre ellos el senador Calisto, por los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Para la defensa, el cierre de la etapa investigativa se produjo de manera abrupta, cuando el plazo original fijado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique se extendía hasta el próximo 9 de julio.
El abogado César Ramos, representante del parlamentario, sostuvo que esta decisión provoca un perjuicio directo al derecho a defensa. Explicó que el plazo de investigación no está diseñado únicamente para que la Fiscalía desarrolle sus diligencias, sino también para que la defensa pueda solicitar aquellas que acrediten su versión o desvirtúen la credibilidad de los antecedentes fiscales.
DESCONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES CLAVE
Ramos detalló que la defensa tomó conocimiento de nuevos antecedentes apenas un día antes del cierre, sin haber tenido acceso a copia de los mismos. En ese contexto, la Fiscalía ya había comunicado el cierre y presentado la acusación, lo que en opinión del abogado impide materialmente solicitar diligencias para contrarrestar esas pruebas.
«Es imposible hacer esto último si no conocemos todos los antecedentes que forman parte de la investigación. Recién el día de ayer se nos informó de la existencia de nuevos antecedentes, de los cuales no teníamos copia», señaló Ramos, calificando la situación como una afectación grave al derecho a defensa de su representado.
La acusación fiscal solicita una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, basada en el monto defraudado, que superaría los 100 millones de pesos, y en la reiteración de los ilícitos.
DESAFUERO EN TRÁMITE
De manera paralela, el Ministerio Público ingresó una solicitud de desafuero en contra del senador Calisto. La defensa reconoce que este es un requisito constitucional y procesal penal indispensable para acusar a un parlamentario, pero cuestiona la oportunidad y la forma en que la Fiscalía ha actuado.
Ramos explicó que la tramitación y resolución de un desafuero requiere tiempo, y que el momento en que se resuelva dependerá también de lo que se decida sobre las solicitudes de diligencias que la defensa ya ha planteado. La defensa considera que esas diligencias deben agotarse antes de que se cierre formalmente la investigación.
La estrategia del equipo jurídico apunta a que se permita completar la práctica de pruebas que, a su juicio, resultan necesarias para garantizar un juicio justo. La discusión sobre el cierre anticipado y el desafuero promete extenderse en los tribunales de Coyhaique.
El caso involucra a un total de ocho imputados, acusados de los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. La defensa del senador insiste en que no ha tenido oportunidad de conocer a cabalidad los cargos en su contra.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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