El Consejo de Defensa del Estado decidió llevar ante la justicia penal a un juez de Arica. A través de su Procuraduría Fiscal en esa ciudad, el organismo interpuso una querella criminal por delitos de corrupción contra Gonzalo Quiroz, juez del Segundo Juzgado de Letras, y contra quienes resulten responsables, por su participación como autor en los delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de instrumento público.
La acción fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Arica. El eje de la imputación es una resolución judicial que, según el Consejo, habría permitido inscribir un plano de subdivisión agrícola que antes había sido rechazado por las autoridades competentes y por el propio tribunal.
EL CASO Y SUS IMPUTADOS
La querella no se limita al magistrado. También se dirige contra Luis Bardi, receptor judicial, y Carlos Falcon, cartógrafo, a quienes el Consejo atribuye los delitos de soborno y presentación de prueba falsa en juicio.
Los hechos de la investigación están a cargo del Ministerio Público, conforme a los antecedentes difundidos por el CDE el 16 de octubre de 2026.
UN PREDIO EN EL VALLE DE LLUTA
Según los hechos de la investigación, los imputados se habrían coordinado con el juez para obtener una resolución judicial favorable que permitiera la inscripción irregular de un plano de subdivisión de un predio agrícola ubicado en el Valle de Lluta, perteneciente a la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos Limitada.
El relato consigna que esa inscripción había sido rechazada previamente por el Conservador de Bienes Raíces y por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, debido al incumplimiento de los requisitos legales aplicables.
A esos dos rechazos se suman dos solicitudes anteriores que el propio juez habría denegado en el mismo asunto. Ese es el punto de partida que describe el Consejo para explicar la gravedad que asigna al caso.
LA TESIS DEL CONSEJO
Para el CDE el caso «reviste evidente gravedad». Su argumento es que, mediante el pago de una cantidad de dinero, se logró la dictación de una resolución judicial que «permitió la inscripción irregular en el Conservador de Bienes Raíces», en circunstancias de que la inscripción resultaba, a su juicio, claramente improcedente.
La razón, según el organismo, es la existencia de un loteo irregular que contraviene la Ley General de Urbanismo y Construcciones, situación que la inspección personal realizada por el juez habría omitido.
Sobre esa base, el Consejo sostiene que existió un acuerdo motivado por el soborno entre el perito y el solicitante con el juez de la causa, destinado a obtener el referido resultado judicial. Ese acuerdo se habría concretado, siempre según su valoración, mediante el aporte de prueba falsa en juicio y la falsificación de la inspección personal realizada.
IMPLICANCIAS PARA LA FUNCIÓN JUDICIAL
El episodio coloca bajo escrutinio penal una resolución dictada por un juez en ejercicio, en un asunto en que el Estado comparece como querellante a través del Consejo de Defensa del Estado.
Para el organismo, el peso del caso está en que una resolución judicial habría servido de sustento para acceder a un registro público como el Conservador de Bienes Raíces, y en que el motivo habría sido económico, según la tesis que expone en su presentación.
LO QUE RESTA POR ESCLARECER
Los antecedentes difundidos no precisan cuándo habría tenido lugar la coordinación entre los imputados, ni en qué momento se habría pagado el dinero al que alude el Consejo, ni cuál fue el monto involucrado.
Tampoco detallan la situación procesal particular de cada uno de los imputados, ni los plazos en que se desarrollará la investigación.
La querella alcanza a un juez en ejercicio, a un receptor judicial y a un cartógrafo, a quienes el Consejo vincula con el mismo resultado judicial que cuestiona, y se extiende a quienes resulten responsables de los hechos.
La investigación está radicada en el Ministerio Público, mientras que la acción penal fue deducida ante el Juzgado de Garantía de Arica, tribunal que conoce de la presentación.
Fuente: Consejo de Defensa del Estado
Documento original: https://www.cde.cl/cde-interpone-querella-criminal-por-delitos-de-corrupcion-contra-juez-del-segundo-juzgado-de-letras-de-arica/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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