El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional enfrenta su votación en general en el Senado esta semana en medio de un intenso debate entre las fuerzas oficialistas sobre la conveniencia de ampliar los plazos de discusión. Mientras algunos senadores piden más tiempo para alcanzar un acuerdo transversal, el gobierno y otros sectores defienden el cronograma actual, argumentando que el invierno no puede esperar y que la discusión en particular será la instancia adecuada para los ajustes.
EL DEBATE SOBRE LOS TIEMPOS
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha liderado la postura de quienes buscan desacelerar la tramitación. «Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio», declaró la parlamentaria. Núñez destacó que el Ejecutivo está recibiendo propuestas desde distintos sectores, como alcaldes y partidos de oposición, y que esas iniciativas deben ser revisadas antes de la votación. «La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano perfectamente», agregó, subrayando que la discusión no debe ser apresurada.
En la oposición, la idea de postergar la votación en general es valorada. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó la celeridad del proceso. «Cuando nos enfrentamos a propuestas tan grandes como esta, lo ideal sería que se pudieran haber masticado mejor, que se pudiesen haber dialogado mejor», sostuvo, en alusión a la necesidad de una mesa técnica previa que permitiera un debate más amplio y participativo.
Sin embargo, la propuesta de Núñez encontró resistencia en otros sectores. El presidente del partido Republicano, Arturo Squella, se manifestó en contra de cualquier dilación. «No veo que sea necesario. Me da la impresión de que hay un cronograma claro», afirmó. Squella recordó que la votación en general solo define la idea de legislar y que el trabajo más detallado se realizará durante la discusión en particular, donde el proyecto pasará por tres comisiones: Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.
El senador Andrés Longton (RN) también se sumó a quienes piden no postergar. «La votación en general tiene que llevarse a cabo. Otra cosa es el proceso de indicaciones donde el proyecto va a pasar por tres comisiones. Por lo tanto, es el tiempo suficiente para poder plantear distintas indicaciones y poder concordar algún acuerdo con cierta parte de la oposición», explicó. Longton precisó que hay elementos del proyecto que no son negociables, como la invariabilidad tributaria y el tratamiento de las contribuciones, pero que existe espacio para compensar la baja en la recaudación, como lo ha reconocido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
LAS PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN Y LOS ALCALDES
Mientras el debate sobre los plazos continúa, el Ejecutivo ya ha recibido las propuestas formales de la oposición y de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). En un almuerzo en La Moneda encabezado por los ministros Alvarado y Quiroz, senadores socialistas y frenteamplistas presentaron sus condiciones.
Los socialistas plantearon tres ejes fundamentales: separar las medidas de reconstrucción de las reformas estructurales permanentes del proyecto; generar compensaciones fiscales para la rebaja tributaria, especialmente la baja del impuesto de primera categoría; y establecer garantías explícitas de protección de programas sociales esenciales. Además, solicitaron retirar la urgencia de la iniciativa.
Por su parte, el Frente Amplio propuso incorporar un subsidio unificado al empleo, fondos para renovación de capital de micro y pequeñas empresas a través de FOGAPE, y una estrategia de industrialización que articule inversiones de valor agregado en minerales críticos, entre otras medidas.
Los alcaldes también hicieron llegar sus planteamientos. La AChM propuso una nueva fórmula para el pago de contribuciones de vivienda. Su idea es que solo paguen la totalidad del tributo las personas con ingresos mensuales permanentes superiores a 3 millones de pesos, con criterios etarios: hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60. Aquellos adultos mayores con ingresos entre 1,5 millones y 3 millones pagarían el 50%, y quienes ganen menos de 1,5 millones quedarían exentos totalmente.
LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
En paralelo, el Presidente José Antonio Kast encabezó un consejo de gabinete donde llamó a aprobar el proyecto en el Senado, advirtiendo sobre el impacto del invierno en el empleo. «Genera una baja en la contratación», reparó el mandatario, reforzando su postura de no demorar la tramitación.
Consultado sobre el margen que el gobierno está dispuesto a otorgar a las propuestas recibidas, el ministro Alvarado respondió que «el espacio depende de la propuesta, del sentido de las mismas y que estén en línea con las ideas matrices y la estructura fundamental de este proyecto. Por lo tanto, si está dentro de ese marco, indudablemente que estamos disponibles para conversar».
De esta forma, el Ejecutivo mantiene su objetivo de despachar la ley durante julio, pero el pulso político en el Senado podría alterar ese itinerario si prospera la idea de dar más tiempo al debate antes de la votación general.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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