Este miércoles, la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad se concentró en un flanco administrativo: el retraso del Ministerio de Justicia en entregar los decretos respectivos, a 14 días de que estallara el caso. El Gobierno invocó la protección de datos personales de las víctimas; la oposición habló de obstruccionismo y advirtió que la demora no impedirá la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
LA FISCALIZACIÓN DE CONTRALORÍA
Durante la jornada se conoció que la Contraloría General de la República inició un proceso de fiscalización a la cartera liderada por Rabat. Funcionarios del organismo fiscalizador se constituyeron en la repartición pública la semana pasada y, adicionalmente, la entidad pidió al Ministerio un informe por la presunta demora en la entrega de información a la Defensoría de la Niñez.
La actuación tuvo origen en una presentación parlamentaria de diputados y diputadas de oposición, quienes cuestionaron que la cartera aún no transparentara los decretos de rebaja de condena requeridos hace varios días por la Defensoría de la Niñez.
EL ARGUMENTO DEL EJECUTIVO
El subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que el Ejecutivo desarrolla un “trabajo serio” para dejar fuera de los documentos los antecedentes personales de las víctimas. “Nosotros no estamos ocultando nada, nuestra principal preocupación es defender la privacidad y evitar la revictimización de todas aquellas personas que se sintieron afectadas por estos delitos”, afirmó.
Arenas descartó la tesis opositora de que la demora busque evitar que los decretos se usen como argumento en la acusación constitucional. A su juicio, “estas solicitudes de que se entreguen tan rápidamente los decretos” se explican porque “tenemos una oposición que está tratando de poner al Gobierno en una situación difícil sobre los tiempos de respuesta”.
“El único tiempo que importa, o uno de los tiempos que importan, es cuándo la oposición va a presentar la acusación constitucional. Aquí nosotros estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición que trata de sacar el mayor provecho político posible de un drama humano”, agregó el vocero.
Más temprano, en el Congreso, el ministro Rabat también apuntó al resguardo de la privacidad de las víctimas y señaló que su cartera debe responder a “decenas” de requerimientos de información: “En algunos de ellos, incluso me están pidiendo información del año 2003”. “Estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible, pero insisto: tenemos que tener cuidado porque hay datos ahí sensibles de personas que están amparados por la ley”, dijo.
LA OFENSIVA DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición se ha insistido en la entrega de los decretos, pues se estima que son fundamentales para la presentación, aún pendiente, de la acusación constitucional contra el ministro Rabat.
El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, aseguró que “la falta de transparencia del Ministerio de Justicia del Gobierno respecto a estos temas es clara y evidente”, y agregó que no solo existe un afán “obstruccionista” del Ejecutivo, sino también de parlamentarios del oficialismo.
“El ministro alude a que está juntando información desde el 2002 a la fecha, cuando el requerimiento de la oposición es de 56 decretos dictados desde el 11 de marzo”, afirmó Leiva. Añadió que, en una función obstruccionista, la derecha pidió todos los decretos y que el ministro “se escuda en esa solicitud que hace el propio oficialismo” para rehuir la labor fiscalizadora.
La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien además integró el grupo de parlamentarios que acudió a Contraloría, valoró la decisión del ente fiscalizador de solicitar un informe al Ministerio y adelantó que seguirán insistiendo en la transparencia de los decretos. “Tiene que haber una transparencia en la toma de decisión. Nosotros no queremos conocer el detalle de cada uno de los casos, sino que queremos conocer los fundamentos jurídicos que finalmente llevaron a que el Gobierno tomara esta mala decisión”, sostuvo.
El diputado PPD Jaime Araya, en tanto, indicó que la falta de cooperación del Ejecutivo no impedirá que se presente la acusación constitucional. “No es posible que el Gobierno esconda información a la Cámara de Diputados y el organismo fiscalizador. Yo llamaría al Presidente Kast a que en vez de estar emplazando a la oposición a presentar la acusación constitucional, le dé la instrucción directa al ministro para que tenga un ejercicio de transparencia y entregue estos decretos”, aseveró.
“No pueden tener un gobierno opaco, un gobierno que esconda información muy valiosa y crean que esa es la llave para que no se acuse constitucionalmente”, añadió Araya, quien subrayó que “la decisión está tomada” y que la oposición actúa de manera unánime. Enfatizó, además, que el Ejecutivo “está profundamente equivocado” si cree que “por esconder unos decretos, por esconder unas carpetas, no va a haber acusación constitucional”.
En nuestra lectura, el episodio muestra una tensión difícil de zanjar entre el resguardo de datos sensibles de las víctimas y el acceso a los fundamentos jurídicos de una decisión pública, tensión que hoy se dirime ante la Contraloría y la Cámara de Diputados. Parece prudente que esa discusión se resuelva con los antecedentes sobre la mesa y no como un cálculo de tiempos políticos.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/11/04/obstruccionismo-o-trabajo-serio-la-presion-por-los-decretos-de-rebaja-de-condenas-que-complica-a-rabat/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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