Una nueva fórmula para la reforma constitucional de seguridad empezará a tomar forma en el Senado. Los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) presentarían este lunes un proyecto destinado a reemplazar la iniciativa que el Gobierno retiró, luego de que su idea de legislar no consiguiera avanzar en la Cámara Alta.
La propuesta será ingresada en la Comisión de Constitución, instancia que preside Araya, y su apuesta es acotar el debate a tres materias concretas, recogiendo el trabajo que Longton y Squella venían desarrollando durante las últimas semanas para reformular el texto original del Ejecutivo.
TRES EJES PARA DESBLOQUEAR LA DISCUSIÓN
El propio presidente de la Comisión de Constitución detalló los contenidos centrales de la iniciativa. Según explicó, el primer eje consiste en «establecer a nivel constitucional la condena al crimen organizado», otorgándole un tratamiento equivalente al que hoy recibe el terrorismo.
El segundo eje apunta al sistema penitenciario. La idea es «dotar a Gendarmería de la posibilidad de segregar en los distintos penales a las personas que están privadas de libertad, atendida la peligrosidad que tienen», señaló Araya.
Ese punto ya había sido incorporado al trabajo previo de Longton y Squella, con el propósito de trasladar a la ley aquellos aspectos que no requieren necesariamente rango constitucional.
El tercer eje se concentra en los estados de excepción. Araya precisó que se acordó mantener los actuales estados de excepción y que, tratándose del estado de emergencia, se introducirán «algunas precisiones de carácter conceptual para aclarar que puede operar en caso de seguridad pública».
Con esa definición, la nueva propuesta se distancia de uno de los elementos que más resistencia generó en el proyecto original del Ejecutivo: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, que contemplaba períodos extensos de aplicación sin revisión del Congreso. La alternativa de los senadores apunta, en cambio, a reforzar y precisar el estado de emergencia vigente.
LÍMITE A LAS INTERCEPTACIONES
En la misma línea, el senador Araya delimitó uno de los bordes que tendrá el texto en materia de comunicaciones: «No se van a poder interceptar comunicaciones telefónicas salvo que sean por orden judicial».
De este modo, la iniciativa fija una garantía expresa respecto de la intervención de comunicaciones, reservando esa posibilidad a la autorización de un tribunal.
LAS CONVERSACIONES PREVIAS Y LA TENSIÓN EN LA COMISIÓN
La nueva fórmula es el resultado de las conversaciones que integrantes de la Comisión de Constitución sostuvieron durante las últimas semanas para intentar destrabar la reforma. Longton y Squella quedaron a cargo de elaborar una alternativa que recogiera las principales objeciones planteadas al proyecto del Ejecutivo y en septiembre ya habían anunciado un entendimiento en torno a los tres ejes mencionados.
Según más de una versión, los parlamentarios también dialogaron días antes con Araya y con las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), con la idea de modificar la iniciativa del Gobierno e incorporar, entre otros elementos, la segregación penitenciaria que Vodanovic había planteado en su propio proyecto de reforma constitucional.
Ese aspecto, sin embargo, es uno de los que generó diferencias al interior de la comisión. Durante la sesión del miércoles, Vodanovic desconoció haber participado en un acuerdo para la redacción de la nueva reforma y cuestionó que el texto se hubiera elaborado sin su intervención.
«Yo conocí el texto ayer en la tarde, un texto en el que no participé, en el que nadie tuvo la gentileza de invitarme», fustigó la senadora socialista.
Vodanovic también tomó distancia de la idea de que existiera un acuerdo político previo para respaldar la denominada propuesta Longton-Squella. Este viernes, en entrevista con EmolTV, afirmó que «yo no estoy para firmar proyectos malos, mal hechos y peores, incluso que el proyecto que ya presentó el gobierno».
Con ese escenario, la jornada del lunes en la Comisión de Constitución se perfila como el primer examen real de una reforma que busca ordenar el tratamiento constitucional del crimen organizado, las condiciones carcelarias y el uso de los estados de excepción en materia de seguridad pública, en un contexto donde las diferencias entre los propios integrantes de la instancia anticipan una tramitación compleja.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/02/1213051/que-sabe-nueva-reforma-seguridad.html
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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