La declaración de un hombre de 42 años que se presentó ante Carabineros y afirmó haber participado en la desaparición de Mariana Sepúlveda hace 18 años ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta: por qué el sistema informático de búsqueda de personas desaparecidas ordenado por la Ley 21.500 todavía no funciona. La normativa, conocida como Ley de Extraviados, fue promulgada en octubre de 2022, pero su principal herramienta sigue sin operar.
Mariana tenía 19 años cuando desapareció el 28 de agosto de 2008. Esa mañana salió desde su domicilio en la comuna de Conchalí rumbo a su colegio y nunca llegó. El nuevo antecedente fue entregado directamente a Carabineros por un hombre que dice haber participado en el hecho. La Fiscalía Centro Norte y el OS-9 de Carabineros desarrollan diligencias para confirmar la veracidad de ese relato y contrastarlo con la evidencia disponible.
El caso volvió a abrir la discusión sobre las herramientas reales con las que cuenta el Estado para reaccionar ante una denuncia de desaparición y sobre la implementación efectiva de la ley que prometió ordenar esas búsquedas.
LA LEY Y SU REGLAMENTO
La Ley 21.500 fue diseñada para crear un proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y un sistema informático que permita centralizar, organizar y compartir información entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y otros organismos colaboradores como el Servicio Médico Legal y el Registro Civil.
El reglamento que regula el funcionamiento del sistema se publicó en diciembre de 2023 y establece que Carabineros de Chile será el administrador de la plataforma. No obstante, un artículo transitorio de la propia ley condiciona el diseño y la ejecución del sistema a una especial consideración de los datos contenidos en el actual Sistema de Personas Extraviadas, conocido como SISPEX. Esa transición no se ha concretado.
Durante 2024, la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, comprometió que el sistema interconectado comenzaría a operar durante 2025, antes de que terminara el gobierno. El anuncio no se cumplió. A septiembre de 2026 todavía no se tenía un plazo concreto para la implementación, aunque fuentes del Ministerio de Seguridad precisaron que la fecha comprometida de finalización es la primera semana de octubre próximo.
Las dificultades reportadas para la puesta en marcha son tanto tecnológicas como operativas.
CRÍTICAS DESDE EL PARLAMENTO
La diputada independiente Marisela Santibáñez, una de las autoras de la moción parlamentaria, calificó el retraso como una situación frustrante. Explicó que la ley cuenta con reglamento publicado en el Diario Oficial, por lo que no debería seguir sin aplicación. En su opinión, el problema es un desorden en la implementación, porque el sistema es una red que debe conectar a las policías, al SML y al Registro Civil. Hoy no es posible vincular, por ejemplo, el hallazgo de un cuerpo en Arica con la denuncia de un desaparecido en Valdivia.
La parlamentaria recordó los casos de Tomás Bravo, Julia Chuñil, María Ercira y la propia Mariana Sepúlveda para advertir que muchos de ellos deberían haberse resuelto con el protocolo creado por esta ley. También emplazó al expresidente Gabriel Boric, asegurando que hubo un compromiso para que el sistema entrara en vigencia en el último semestre del gobierno anterior y que ese compromiso no se cumplió. Santibáñez afirmó que no se trata de un problema de empatía, sino de una falta a los deberes del Estado.
La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, señaló que no todos los servicios han estado a la altura de la implementación de una ley que fue trabajada como moción por varios diputados y diputadas. Dijo que se requiere de reglamentos y de interoperabilidad entre instituciones y que ha faltado coordinación. Por eso, junto con Santibáñez, iniciará una serie de diligencias para que la norma se cumpla. Pérez agregó que son muchas las personas que se extravían en tierra y en el mar y que se necesita la participación del Ejecutivo y de todos los organismos involucrados.
El exdiputado Pablo Kast, otro de los impulsores de la ley, reconoció que la iniciativa tiene un enfoque correcto y que recoge bien los distintos contextos de desaparición, pero advirtió que falla en la operación humana y técnica. Entre los problemas mencionó que el sistema informático interconectado no cuenta con un delegado responsable de su implementación. Kast agregó que los casos con mayor tasa de resolución son aquellos que asignan a una persona o unidad a cargo del protocolo interinstitucional para realizar las primeras diligencias críticas, algo que tampoco se cumple siempre. También señaló que la ley quedó corta en la prioridad que deben tener los fiscales que asumen una investigación por desaparición.
UNA DEUDA PENDIENTE DEL ESTADO
La reaparición del caso de Mariana Sepúlveda deja en evidencia que la Ley 21.500 es una norma vigente, con reglamento, pero todavía sin plena eficacia. La diputada Santibáñez insistió en que muchos familiares no saben que sus parientes desaparecidos están amparados por una ley que no se aplica completamente y emplazó a las próximas autoridades a asumir esa responsabilidad. Mientras el sistema informático no opere, la búsqueda de personas desaparecidas no contará con la herramienta centralizada que la ley prometió.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/09/09/1210907/ley-extraviados-desapariciones-sistema-busqueda.html
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