La reforma procesal civil vuelve al centro del debate en la Facultad de Derecho
Después de más de un siglo de vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile convocó al ministro de Justicia, a autoridades judiciales y a académicos para inaugurar el ciclo de seminarios Reforma Procesal Civil bajo el foco. La iniciativa, difundida por el canal Facultad de Derecho U. de Chile, busca reactivar una transformación que acumula décadas de discusión y que es considerada clave para el acceso a la justicia.
La jornada comenzó con la intervención del vicedecano Francisco Soto Barrientos, quien leyó un mensaje del decano Pablo Ruiz Tagle, ausente por razones personales. El texto recordó que Chile modernizó la justicia penal, de familia, laboral, ambiental y tributaria, pero que la justicia civil permanece anclada a un código de 1902, construido sobre la base de principios de una sociedad superada. También advirtió que la lentitud del sistema procesal no debería sumarse a la lentitud de su propia reforma.
DIAGNÓSTICO COMPARTIDO
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, sostuvo que la reforma procesal civil es una política de Estado. La enmarcó en uno de los cinco ejes de su cartera, el acceso a la justicia, y entregó cifras críticas: el 75% de las causas civiles ingresadas en 2025 son juicios de cobranza y el 63% de los procesos civiles termina sin resolución del conflicto. En familia esa proporción baja a 34% y en materia laboral a 21%.
Rabat también se detuvo en los plazos procesales. Un juicio sumario demora 376 días; uno ejecutivo, 438; uno ordinario, 772; y uno de indemnización de perjuicios, 861. En cambio, las causas de familia se resuelven en 123 días y las laborales en un máximo de 304. En el plano comparado, citó un informe del Banco Mundial de 2019 que ubica a Chile en el lugar 60 en calidad judicial y en el 77 en costos de los procesos.
El diagnóstico incluyó cuatro barreras de acceso: los costos económicos y personales del litigio, las distancias geográficas, el exceso de formalismo y el poco conocimiento de los derechos. En ese marco, el ministro mencionó la ley 21.780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y la aprobación de un tercer juzgado laboral para Santiago, además del fortalecimiento de esa judicatura en Concepción, Antofagasta y Punta Arenas.
El secretario de Estado anunció que se retomará la tramitación del nuevo Código Procesal Civil, con actualización del trabajo realizado hasta 2021 y diálogo con la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Pedro Araya. La propuesta se orienta a la modernización y simplificación del procedimiento, la resolución colaborativa de conflictos, la ejecución efectiva de las resoluciones, la tecnología y la gestión judicial. En lo central, apuesta por la oralidad y la inmediación como principios rectores.
LECCIONES DEL PROCESO PENAL
El director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas Biancos, afirmó que la reforma procesal civil concita un consenso técnico y político poco habitual. Recordó que el proyecto presentado en 2012 fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que el Senado lo despachó por unanimidad. Aun así, advirtió que la ciudadanía no la percibe como un tema prioritario.
Vargas comparó el escenario con los inicios de la reforma procesal penal, hace tres décadas. A su juicio, aquella pudo concretarse porque se ancló en dos demandas potentes: el respeto de los derechos humanos y la persecución eficaz del delito. La reforma civil, en cambio, no ha logrado conectar con causas que movilicen a la sociedad.
También dejó una advertencia sobre el modelo de juez. Sostuvo que la justicia civil necesita un tribunal activo, que dirija el proceso y administre los casos, con facultades para evitar dilaciones. Esa misma lógica, conocida como gestión de casos, debiera regir el nuevo sistema.
RENTABILIDAD SOCIAL DEL CAMBIO
El profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Jorge Rivera Ayupe, presentó el estudio de rentabilidad social de la reforma, elaborado junto a la profesora René Rivero Hurtado y a Cristián Letelier. El trabajo se basó en información histórica del Poder Judicial y proyectó escenarios de demanda y costos para el nuevo sistema.
Según sus conclusiones, un modelo integral de reforma implicaría costos variables anuales de entre 150 y 260 millones de dólares y un costo promedio por causa cercano a los 400 dólares. Rivera afirmó que el proyecto es socialmente rentable incluso en escenarios conservadores: con una probabilidad de recuperación de 10%, el valor esperado del recupero llegaría a 950 dólares por causa, más del doble del costo unitario.
El académico recomendó actualizar el estudio, porque los datos de demanda llegan hasta 2016 y desde entonces cambiaron los costos de infraestructura, los salarios y la tecnología. Pese a esas variaciones, estimó que las conclusiones generales no deberían modificarse sustancialmente.
CIERRE Y PRÓXIMAS CITAS
La directora del departamento de derecho procesal, María de los Ángeles González Culón, cerró la jornada con un llamado a un esfuerzo conjunto y de largo plazo. Recordó que el anteproyecto de la reforma data de 2009 y que la discusión académica ha madurado lo suficiente como para sostener el proceso con altura de miras.
También anunció las próximas sesiones del ciclo: el 18 de agosto se revisará la experiencia nacional con mesas sobre arbitraje, mediación, prueba, ejecución y principios procesales; el 24 de agosto se analizará la experiencia de Brasil, con la profesora Teresa Ruda y comentarios del profesor Claudio Meneses; y el 10 de septiembre se expondrá la experiencia española, con la profesora Silvia Pereira y comentarios del profesor Andrés Bordalí.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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