La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado aprobó este martes, por unanimidad, un proyecto de ley que faculta a los administradores de condominios para emitir certificados de residencia, en el marco de una sesión transmitida por TV Senado Chile. La iniciativa, que modifica la Ley N° 21.442 (Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria), fue discutida a partir de una propuesta de la mesa técnica integrada por representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y asesores de los senadores. La votación se realizó en general y en particular, con una enmienda respecto de la sanción para el administrador que incumpla la obligación de expedir el documento.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICADOS
El proyecto modifica el artículo 20 de la ley de copropiedad, agregando un nuevo numeral 13 que permite al administrador emitir certificados de residencia a solicitud de copropietarios, arrendatarios u ocupantes permanentes. El administrador deberá entregar el certificado en un plazo de cinco días hábiles, previa verificación de la identidad y calidad del solicitante con el registro del condominio. La propuesta también establece la obligación de llevar un registro de los certificados emitidos y sanciona con las penas del artículo 212 del Código Penal a quien proporcione datos falsos para obtener el certificado. En caso de ausencia o falta de designación del administrador, la facultad recaerá en el presidente del comité de administración. Además, el Ministerio de Vivienda podrá complementar la regulación y definir un formato tipo.
DEBATE SOBRE SANCIONES
Uno de los puntos más controvertidos fue la sanción para el administrador que no cumpla con la emisión. La mesa técnica propuso calificarlo como infracción grave, lo que implica suspensión del registro nacional por tres años y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales. La senadora Sepúlveda manifestó su preocupación, señalando que muchas copropiedades están desfinanciadas y que convertir esa falta en grave podría ser desproporcionado, especialmente cuando las juntas de vecinos no tienen sanciones equivalentes. El senador Becker, en cambio, defendió la propuesta original, argumentando que la emisión del certificado no debería condicionarse al pago de gastos comunes, ya que el documento puede ser necesario para acceder a empleos o créditos. Tras la intervención del asesor del ministerio, Sebastián Martínez, quien sugirió una sanción intermedia, la comisión acordó rebajar la falta a «menos grave», que conlleva una amonestación por escrito y multa de una a cuatro UTM. Se dejó establecido que la reincidencia en la comisión de infracciones menos graves dentro de dos años será considerada grave, conforme a la propia ley de copropiedad. Con esta enmienda, el proyecto fue aprobado. También se dio por subsumida una indicación de la senadora Carvajal.
PROBLEMAS EN SUBSIDIOS HABITACIONALES
Antes de abordar el proyecto, los senadores expusieron diversas problemáticas de sus regiones. La senadora Sepúlveda alertó sobre la crisis de los subsidios DS1 y DS49 para construcción en sitio propio, especialmente en zonas rurales. Explicó que las entidades de gestión inmobiliaria (EGIS) reciben 15 UF en el DS1 (tramo 1 y 2) y 70 UF en el DS49, montos insuficientes para cubrir las exigencias técnicas, lo que provoca que nadie quiera atender a los beneficiarios y que los subsidios se estén venciendo. Propuso equiparar el trato al del DS3 (tramo 3) o aumentar los montos para incentivar a las EGIS. Además, criticó la exigencia de 15 metros de ancho para los caminos de acceso a los comités de vivienda rural, mientras que los caminos públicos rurales requieren solo 10 metros. Solicitó oficiar al ministro para revisar ambas situaciones.
El senador Sanguüesa, por su parte, mencionó proyectos habitacionales aprobados en 2022 con subsidios entregados en ceremonia pública, que hoy están desfinanciados por el aumento de costos. Citó el caso del comité «Buen Vivir» en Portomón, con más de 200 familias, que lleva tres años de espera y requiere una priorización del ministerio para refinanciar las obras. La comisión acordó oficiar al ministro para conocer el número de proyectos en esa condición y el mecanismo para destrabarlos.
CIERRE DE LA SESIÓN
El presidente de la comisión agradeció la participación y confirmó que el punto pendiente sobre la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones será tratado en la próxima sesión, cuando el ministro pueda asistir. Se acordó tentativamente sesionar el 6 de agosto en la región de Ñuble, siempre que el ministro confirme su presencia. Finalmente, se levantó la sesión.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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